“CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA: LA RUTA HACIA LA SOLUCIÓN”

El nivel de corrupción en América Latina sigue siendo alto. Se han analizado medidas que han funcionado bien en otros países en la lucha contra la corrupción. Las enseñanzas que han dejado estas políticas pueden guiar a América Latina en el diseño de estrategias anticorrupción, incluso cuando la formulación final de estas políticas difiera según las características específicas de los países.

Consideramos que una solución duradera requerirá acciones sostenidas en muchos frentes para cambiar profundamente las expectativas de la sociedad y alejar a los países de la trampa de la corrupción. El perfeccionamiento de las instituciones y la reducción de la corrupción son dos medidas que van de la mano, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. El avance en papel (a través de un marco jurídico mejorado) es necesario, pero no se traduce en resultados “en el terreno” si no está acompañado de un cumplimiento más estricto.

La experiencia internacional indica que la efectividad de una estrategia anticorrupción requiere de marcos jurídicos sólidos, intensidad en las tareas de cumplimiento y depuración, y perseverancia. Un firme compromiso a nivel nacional y un liderazgo fuerte son fundamentales también para garantizar que el respaldo público de amplios segmentos de la sociedad no se disipe durante esta lucha.

Una prioridad

La lucha contra la corrupción en América Latina está convirtiéndose en una prioridad. La región ha estado a la vanguardia internacional con la adopción de una convención contra la corrupción (a cargo de la Organización de los Estados Americanos), que ha servido de modelo para otros. Muchos países de la región han actualizado o están actualizando sus marcos jurídicos y judiciales (por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú). Además, varios países han introducido y afianzado los requisitos que rigen la declaración de bienes, aunque su cobertura y acceso público varían de un país a otro. Asimismo, algunos están tomando medidas para reforzar la transparencia fiscal, incluso con el apoyo del FMI.

Resta por ver cómo estos cambios inciden en los avances “en el terreno”. En gran medida, esto gira en torno al cumplimiento de los marcos jurídicos actualizados, pero ya se comienzan a palpar resultados concretos. La ofensiva reciente del Brasil (operación Lava Jato), la cual fue pionera en la región, refleja un poder judicial más eficiente, fiscales independientes debidamente equipados con los recursos y el apoyo decidido de los medios de comunicación y la sociedad. Asimismo, en los últimos años, Guatemala, por conducto de su Comisión Internacional contra la Impunidad (el órgano anticorrupción de las Naciones Unidas que colabora con los fiscales nacionales), reveló satisfactoriamente casos de evasión impositiva, lavado de dinero y financiamiento ilegal. Perú y la República Dominicana, entre otros, han presentado con decisión acusaciones contra antiguos funcionarios de alto nivel vinculados con el escándalo de Odebrecht.

Aprender de los demás

La lucha contra la corrupción arraigada exige desbaratar una trampa de corrupción en la que la estructura actual de incentivos se autoperpetúa. Para romper este equilibrio ineficiente es necesario solucionar un problema de acción colectiva (luchar contra los intereses creados) y superar obstáculos formidables en materia de economía política.

La experiencia internacional indica que la efectividad de una estrategia anticorrupción requiere de marcos jurídicos sólidos, intensidad en las tareas de cumplimiento y depuración, y perseverancia. Un firme compromiso a nivel nacional y un liderazgo fuerte son fundamentales también para garantizar que el respaldo público de amplios segmentos de la sociedad no se disipe durante esta lucha, la cual será larga. Partiendo de las experiencias previas de los países, los elementos centrales de dicha estrategia de varios frentes pueden ser los siguientes.

El papel de una comisión anticorrupción

Un obstáculo para todo gobierno en la lucha contra la corrupción es la oposición de intereses creados que están sólidamente organizados. La complicidad entre los funcionarios públicos y los partidos políticos puede generar la necesidad de establecer una comisión anticorrupción especializada e independiente (Guatemala y, más recientemente, Ecuador) como parte de las iniciativas para frenar la corrupción.

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